En ocasiones, algunos procesos de transformación importantes no tienen una ‘cadena de mando’ bien definida. El de la electrificación del automóvil -al menos en España- parece uno de ellos.
Todo empieza por las exigencias ecológicas de las autoridades, las cuales los fabricantes se esfuerzan por cumplir. Pero el último paso queda en las manos de unos consumidores entre la espada y la pared. La primera de ellas en forma de leyes que les obligan a optar por un ‘cero emisiones’. Y la segunda, en forma de una situación económica delicada que les impide pagar el precio que tiene lo que necesitan.
Cada vez más altos ejecutivos de la industria expresan su preocupación por esta problemática. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Luis Antonio Ruiz, presidente y consejero delegado de Jaguar Land Rover Iberia.
El máximo representante de la firma británica en nuestro país se ha mostrado visiblemente preocupado por los rumores circulantes entre la prensa generalista. Éstos apuntarían a una posible reforma del Impuesto de Matriculación que pasaría a fiscalizar los vehículos en base a ciertos tramos estipulados de emisiones contaminantes.
La necesidad de un consenso
Ante este posible futuro, Ruiz se apresuró a solicitar a las autoridades competentes el establecimiento de un consenso sobre esta clase de reformas, dada su influencia sobre el potencial de ventas de los constructores.
En sus palabras: «Los impuestos pueden subir y, como fabricantes, pedimos que se consensúe con nosotros cómo hacerlo y podamos acordar algo que no dañe al mercado». Para este ejecutivo, el camino pasa por una reducción progresiva de los límites de CO2 que facilite la renovación del parque móvil.
Así lo refrendó: «Si se quiere dejar de emitir CO2 a la atmósfera, hay que retirar los coches antiguos. Además, hay un componente social y de seguridad en ello. El 50% de los accidentes de tráfico son de coches de más de diez años en carreteras secundarias. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Para ello, es necesario fomentar la venta de vehículos nuevos».
Nuevos y, por supuesto, electrificados. Para Ruiz no hay otro camino, si bien precisa de un escenario adecuado para tal transición que beneficie a las marcas sin perjudicar a los consumidores.
Tiene claro, también, cuál es el mayor impedimento en la actualidad: «El mayor inhibidor de venta de vehículos eléctricos ahora mismo no es el precio, sino la falta de infraestructura de recarga. A día de hoy tendríamos que tener en España 85.000 puntos de recarga, y no llegamos ni a los cinco mil públicos. Es la pescadilla que se muerde la cola: como no hay parque, no hay infraestructura de recarga. Y como no hay infraestructura de recarga, no hay parque».
