El pasado lunes 10 de agosto, el juez Ethan Schulman dejó las cosas claras a Uber y Lyft: sus conductores son empleados, no contratistas. Con este fallo, da la razón al estado de California frente a los planes de las dos aplicaciones de movilidad como servicio (MaaS). No obstante, ambas compañías disponen de diez días para apelar y continuar con su batalla legal, ya que de momento se trata de un dictamen preliminar.
Los derechos laborales, en el centro del caso
Todo empezó el pasado 1 de enero, cuando una nueva ley entró en vigor. Conocida como “Assembly Bill 5” o AB5, esta regulación se aprobó con la intención de reclasificar la situación de muchos trabajadores de la economía colaborativa. La ley establece que, si una empresa fija la forma en que la que llevar a cabo un trabajo, o si la labor es parte fundamental del negocio, las personas que lo realizan son empleados. Con la nueva ley en la mano, el 5 de mayo, el fiscal general de California, Xavier Becerra, presentó una demanda contra Lyft y Uber. En la denuncia también se personaban los fiscales de las ciudades de San Francisco, San Diego y Los Ángeles.
El fiscal Becerra ha prometido que seguirá luchando para «asegurarme de que la gente de California consiga la protección laboral que se merece». Becerra concluyó: «Vamos a seguir trabajando para asegurarnos de que Uber y Lyft respetan las reglas del juego«.
El juez Schulman, de la Corte Superior de San Francisco, estima que existe una “probabilidad abrumadora” de que el estado demuestre que la clasificación realizada por Uber y Lyft era ilegal. “Vamos a apelar de inmediato esta decisión y continuaremos luchando por su independencia [de los trabajadores]”, afirma Lyft en un comunicado; “al final, creemos que esta cuestión la decidirán los votantes de California, y que se alinearán con los conductores”. Estas declaraciones de Lyft dan a entender que sus trabajadores rechazan la sentencia; sin embargo, los grandes sindicatos de California apoyan la reciente legislación.
La guerra continúa
En este sentido, la CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, también asegura que los conductores de su empresa desean mantenerse independientes. Para combatir la nueva legislación, Uber y Lyft participan en la coalición que pide votar la Proposición 22 en noviembre. Dicha propuesta defiende mantener a los conductores como autónomos “freelance”. A finales del año pasado, Uber, Lyft, la app de paquetería Postmates y otras muchas aplicaciones intentaron bloquear la AB5. La consideraban inconstitucional, por no garantizar protección igualitaria. Las empresas se referían al foco de la ley en las apps de economía colaborativa, librando de ella a los trabajadores de otras industrias (como los transportistas o los agentes de viajes). Las apps reclamaban sin éxito al estado de California que, mientras se librara esta batalla, no empezara a aplicar la nueva legislación.
Con la reciente ley californiana, las apps de economía colaborativa se enfrentan a nuevos costes: a partir de ahora tendrían que garantizar a sus trabajadores el salario mínimo, bajas retribuidas, seguro de desempleo… Junto a estas compañías, los conductores Lydia Olson y Miguel Pérez se han unido a combatir la AB5, afirmando estar satisfechos con la flexibilidad profesional que la regulación previa les permitía.
