Que la expansión del vehículo eléctrico, que tan buen camino lleva, termine de consolidarse depende, entre otros factores, de otra expansión: la de los puntos de carga en lugares de acceso público. En este sentido, las noticias son prometedoras; algo que también hace que haya que empezar a preocuparse por su ciberseguridad.
Según AEDIVE -Asociación Empresarial para la Movilidad Eléctrica-, la red española alcanzó a 1 de abril de 2026 un total de 53.414 puntos operativos, una cifra que refleja un crecimiento del 6,82% respecto al cierre de 2025. El dato procede del conjunto de operadores nacionales de recarga y muestra una tendencia sostenida que, según la asociación, ya responde de una forma más adecuada a las necesidades de los conductores.
El despliegue no solo crece en volumen, sino también en potencia. Los puntos ultrarrápidos -los que superan los 350 kW- han aumentado un 11,59%, mientras que los de 150 a 350 kW lo han hecho un 9,89%. Incluso la franja de carga rápida, entre 50 y 150 kW, registra un incremento superior al 11%.
Esta evolución, explican desde AEDIVE, es clave para acompañar el aumento de matriculaciones de vehículos eléctricos y para garantizar que los desplazamientos largos puedan realizarse con tiempos de espera razonables. Arturo Pérez de Lucia, director general de la asociación, insiste además en la importancia de reforzar la recarga en corriente alterna -la de baja potencia- en entornos urbanos y periurbanos, porque es ahí donde se resolverá buena parte del uso cotidiano del coche eléctrico.
El mapa territorial también muestra una concentración clara: Cataluña, Madrid y Andalucía siguen siendo las comunidades con mayor número de puntos, sumando entre las tres casi la mitad de toda la red pública. Si se añade la Comunidad Valenciana, el porcentaje se acerca al 60 %. Este reparto, aunque lógico por densidad de población y volumen de tráfico, plantea un reto añadido: asegurar que el crecimiento sea equilibrado y que las zonas menos pobladas no queden atrás en la transición energética.
AEDIVE ha actualizado además su metodología de análisis para alinearse con los criterios europeos del reglamento AFIR. Esto implica -explican- trabajar con bases de datos de referencia del mercado europeo y técnicas de análisis de big data que permiten validar la información de los operadores. Solo se contabilizan puntos activos en el momento del informe, lo que ofrece una ‘foto’ realista del estado de la red. Esto también explica que pueda haber variaciones a la baja: un punto puede estar temporalmente inactivo por avería, mantenimiento o actualización de potencia.
Pero a medida que la red crece y se vuelve más compleja, también lo hace su superficie de exposición digital. Cada punto de carga es, en esencia, un dispositivo conectado que intercambia datos con operadores, vehículos y aplicaciones móviles. Y como ocurre con cualquier infraestructura conectada -desde cámaras urbanas hasta cajeros automáticos-, la seguridad no hay que darla por supuesta, sino que se trata de diseñarla, actualizarla y vigilarla.
Las recomendaciones de ciberseguridad son… para todos
El despliegue masivo de puntos de recarga convierte a estas infraestructuras en un objetivo ‘de interés’ para atacantes que buscan desde interrupciones del servicio hasta accesos indebidos a datos personales o financieros. Hemos consultado a los expertos del Área Técnica de EUROCYBCAR -empresa cuya CEO y fundadora es Azucena Hernández– para conocer sus recomendaciones de ciberseguridad.
Por ejemplo, en el caso de los operadores, el primer paso que se les recomienda en garantizar que los equipos utilicen protocolos de comunicación cifrados -como TLS- tanto en la conexión con el vehículo como en la comunicación con la plataforma central. Esto evita que un atacante pueda interceptar o manipular la información que circula entre ambos extremos. También es esencial mantener los cargadores actualizados: muchos ataques se apoyan en vulnerabilidades conocidas que se solucionan con parches de software, pero que requieren una gestión activa por parte del operador.
Otro aspecto crítico es la autenticación. Los sistemas de acceso deben evitar credenciales por defecto -un error tristemente habitual en dispositivos conectados- y apostar por mecanismos robustos, como certificados digitales o autenticación multifactor para el personal técnico. Las aplicaciones móviles asociadas a los puntos de carga también deben someterse a auditorías periódicas, ya que pueden convertirse en una puerta de entrada si no se desarrollan con criterios de seguridad.
Para los usuarios, la recomendación principal es desconfiar de elementos añadidos al cargador, como códigos QR pegados sobre la superficie original, ya que pueden redirigir a páginas falsas que imitan las apps oficiales. También conviene revisar los permisos de las aplicaciones de recarga, evitar redes Wi-Fi públicas al realizar pagos y comprobar que la app utilizada pertenece realmente al operador. Y, como en cualquier servicio digital, activar notificaciones de actividad inusual en los métodos de pago puede ayudar a detectar fraudes a tiempo.
Por supuesto, otra forma de estar ciberprotegido es adquirir ‘cultura de ciberseguridad’, en este caso relacionada con la movilidad eléctrica. En la actualidad, tan solo Grupo CYBENTIA y su Área de Formación -cuyo Director es Jonay Peñate- ofrecen un curso especializado en la materia: De hecho, su ‘Curso de Especialista en Ciberseguridad para Vehículos Eléctricos’ fue la primera formación a nivel mundial de este tipo. Sus contenidos exclusivos permiten conocer todos los riesgos de sus sistemas, componentes y de la infraestructura de carga que rodea la movilidad eléctrica, así como aprender la importancia de mitigar los ataques y proteger sus componentes, comunicaciones y otras posibles puertas de entrada.
