Ese modelo ha cambiado radicalmente. La ambulancia del siglo XXI lleva a bordo dispositivos médicos conectados en red, sistemas de telemedicina que transmiten constantes vitales en tiempo real, terminales de registro clínico electrónico y comunicaciones integradas con centrales de despacho. Cada uno de esos componentes introduce dependencias tecnológicas que, antes de la digitalización, simplemente no existían. Y cuando la tecnología entra en un sistema crítico, la ciberseguridad deja de ser opcional: un sistema comprometido puede ser la diferencia entre que una ambulancia llegue a tiempo o no llegue.
Una cadena de sistemas interdependientes
Una emergencia médica no empieza cuando sale el vehículo: empieza cuando una llamada entra al centro coordinador. Ese centro gestiona la respuesta a través de sistemas CAD -Computer-Aided Dispatch-, que geolocalizan la incidencia, clasifican la urgencia y asignan el recurso más adecuado. El CAD se comunica en tiempo real con los terminales del vehículo, que muestran al equipo la ruta, la información del incidente y el hospital de destino.
Mientras la ambulancia está en ruta, los paramédicos pueden consultar historiales clínicos a través de plataformas ePCR -Electronic Patient Care Record-, registrar la intervención y transmitir el electrocardiograma al hospital antes de llegar. Es un sistema que funciona extraordinariamente bien cuando todo va según lo previsto. El problema es que cada eslabón -el CAD, el ePCR, los dispositivos médicos, las comunicaciones en tránsito- es un punto de entrada potencial para un atacante.
Los incidentes que ya han ocurrido
Lo que podría parecer un escenario hipotético es ya una realidad documentada en múltiples países. El sector lleva años acumulando casos concretos que ilustran hasta dónde puede llegar el impacto.
El precedente europeo más conocido ocurrió el 12 de mayo de 2017, cuando el ransomware WannaCry se propagó por los sistemas del National Health Service -NHS- del Reino Unido. Más de 80 hospitales y organizaciones sanitarias vieron sus sistemas comprometidos, con 19.000 citas y procedimientos cancelados. El impacto fue tan severo que las ambulancias de varios centros tuvieron que ser desviadas a otros hospitales mientras los equipos informáticos quedaban inutilizados. El coste total para el NHS se estimó en 92 millones de libras. Lo que hizo especialmente grave este caso no fue la sofisticación del ataque, sino su causa: miles de equipos del NHS seguían funcionando con Windows XP, un sistema operativo sin soporte desde 2014, y el parche de seguridad que habría bloqueado WannaCry llevaba dos meses disponible sin que nadie lo hubiera aplicado.
Cuatro años después, en mayo de 2021, le tocó el turno al Health Service Executive -HSE- de Irlanda. El grupo Conti, vinculado a Rusia, logró acceder a los sistemas a través de un simple archivo Excel malicioso enviado por correo electrónico a un empleado. Los atacantes permanecieron dentro de la red durante ocho semanas antes de activar el ransomware, tiempo durante el cual mapearon la infraestructura completa. Cuando ejecutaron el cifrado, el 80% del entorno del HSE quedó encriptado. El sistema tuvo que apagar toda su infraestructura IT, el personal volvió al papel y bolígrafo, y las citas fueron canceladas en más de la mitad de los hospitales del país. El servicio de ambulancias logró mantener la operatividad de despacho de emergencias, pero los registros clínicos fueron inaccesibles durante semanas. La recuperación completa se prolongó durante meses.
En España, el sector sanitario también ha registrado incidentes relevantes. En octubre de 2022, el Consorci Sanitari Integral -CSI- de Cataluña, que agrupa hospitales en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y el Baix Llobregat, sufrió un ataque de ransomware que dejó parcialmente paralizados tres hospitales y ocho ambulatorios durante tres días. Los profesionales pasaron consulta sin poder programar visitas, consultar historiales ni solicitar pruebas diagnósticas. No era la primera vez: en septiembre de 2020, el Hospital Moisès Broggi, perteneciente al mismo consorcio, ya había sufrido un ataque similar que afectó a su sistema de telefonía, correo y radiología. En ese mismo año 2020, la Policía Nacional alertó de una campaña activa del ransomware Netwalker dirigida específicamente contra el sistema sanitario español, distribuida mediante correos electrónicos que simulaban contener información sobre el COVID-19.
En América Latina, el patrón se repite. En agosto de 2023, el grupo Rhysida atacó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de Argentina -PAMI-, afectando directamente la atención de millones de afiliados y filtrando más de 1,6 millones de archivos con datos médicos. El mismo año, el Hospital Clínic de Barcelona, referencia sanitaria de primer nivel, fue atacado por RansomHouse, obligando a coordinar la atención con otros centros de la ciudad. En México y Colombia, organismos del sector salud han reportado incidentes similares, aunque la opacidad informativa en la región dificulta obtener cifras consolidadas.
La superficie de ataque dentro del vehículo
Más allá de los sistemas centralizados, la ambulancia como unidad física tiene su propia superficie de ataque. Los dispositivos médicos a bordo como monitores de constantes, desfibriladores con comunicación, bombas de infusión inteligentes y demás, operan sobre sistemas embebidos que en muchos casos arrastran vulnerabilidades conocidas sin parchear. Según datos de 2025, los dispositivos IoMT presentan una media de 6,2 vulnerabilidades por unidad y el 60% son equipos que han alcanzado el fin de su vida útil. Las comunicaciones en tránsito representan otro vector: la transmisión de electrocardiogramas o la consulta de historiales clínicos sobre redes 4G/5G o WiFi sin cifrado correcto es susceptible a ataques de intercepción con consecuencias directas en la toma de decisiones clínicas.
Defender lo que no puede detenerse
La particularidad de este entorno es que no existe la opción de detener las operaciones para parchear un sistema. Las ambulancias están en servicio las veinticuatro horas. Por eso la resiliencia ante el incidente es tan importante como la prevención: la pregunta no es si el sistema puede impedirlos todos, sino cuánto tarda en recuperar la operatividad cuando uno tiene éxito.
Los procedimientos de downtime -protocolos manuales para operar cuando los sistemas digitales no están disponibles- son tan críticos como cualquier control técnico. La segmentación de red entre dispositivos médicos, sistemas de comunicación y terminales administrativos, el cifrado de comunicaciones en tránsito y la autenticación multifactor en todos los accesos remotos son controles que habrían dificultado significativamente la mayoría de los ataques documentados. En Europa, la directiva NIS2 y, en España, el Esquema Nacional de Seguridad -ENS- establecen ya obligaciones concretas para los servicios de emergencias sanitarias en materia de gestión de riesgos y notificación de incidentes.
Infraestructura crítica en movimiento
Una ambulancia comprometida no es un vehículo averiado. Es infraestructura crítica atacada en tiempo real. Un sistema CAD bloqueado por ransomware no es un servidor caído: es la inteligencia operativa que decide qué recurso va adónde y en cuánto tiempo.
Los casos del NHS, del HSE irlandés, del CSI catalán o del PAMI argentino comparten una característica común: en ninguno de ellos el ataque técnico fue especialmente sofisticado. Todos aprovecharon sistemas sin actualizar, credenciales mal protegidas o un solo clic en un archivo malicioso. La digitalización de los servicios de emergencias ha sido un avance enorme. Pero ese avance lleva consigo una responsabilidad que el sector no puede seguir posponiendo: tratar la ciberseguridad no como un requisito burocrático, sino como una condición inherente a la operatividad de un servicio del que dependen vidas. Porque cuando el software que coordina las ambulancias falla, no falla un sistema de información. Falla la ciudad entera.
