El Congreso chileno dio un paso decisivo en materia de ciberseguridad al aprobar en general la nueva ley contra los deepfakes, una normativa que busca regular los contenidos generados con Inteligencia Artificial y sancionar la suplantación digital de personas. La iniciativa, impulsada por la diputada Gael Yeomans, obtuvo un amplio respaldo en la Cámara y se transformó en uno de los proyectos más comentados del año, tanto por su alcance como por el contexto en que surge: un escenario donde el fraude digital crece a ritmos inéditos en Chile y en toda Latinoamérica.

La propuesta crea el concepto de ‘integridad digital’, que protege la imagen, el cuerpo y la voz de una persona -incluso después de su muerte- y establece multas que pueden superar los 700 millones de pesos para quienes generen o difundan deepfakes sin autorización.

La ley exige que las plataformas digitales etiqueten los contenidos creados con IA, retiren material denunciado en un plazo máximo de 72 horas y cuenten con un representante legal en Chile. La fiscalización quedará a cargo de la Agencia de Protección de Datos Personales, que deberá supervisar un ecosistema donde los ataques de suplantación ya son parte del día a día.

Según cifras recientes, Chile registró un aumento de 148% en fraude de identidad y un alza de 57% en actividad de malware durante el último trimestre de 2025, mientras que más del 81% del fraude global con IA detectado ese año involucró deepfakes. En paralelo, el phishing -técnica de suplantación de identidad- móvil creció con fuerza, especialmente vía SMS, un canal donde las estafas aumentaron 40% en el mismo período.

El debate chileno se produce en sintonía con una tendencia internacional. La Unión Europea avanza con su AI Act y varios estados de Estados Unidos ya cuentan con marcos similares. Pero también se alimenta de casos concretos que muestran el potencial de estas técnicas para engañar incluso a organizaciones con altos estándares de seguridad.

Tal y como nos han contado los expertos del Área Técnica de EUROCYCBAR -cuya CEO y fundadora es Azucena Hernández– de los ejemplos más comentados dentro del mundo de la automoción fue el intento de estafa contra Ferrari, donde los atacantes utilizaron un deepfake del CEO Benedetto Vigna para convocar a una videollamada falsa y solicitar información sensible.

La empresa detectó la suplantación a tiempo y evitó el fraude, pero el episodio se convirtió en un símbolo de cómo los ciberdelincuentes, con la ayuda de la Inteligencia Artificial pueden replicar gestos, voz y apariencia con un nivel de realismo capaz de confundir a profesionales experimentados. El caso circuló ampliamente en medios especializados y reforzó la idea de que ninguna industria -incluida la automoción- está al margen de este tipo de amenazas.

Para Chile, la nueva normativa representa un intento de adelantarse a un problema que ya afecta a empresas, instituciones y usuarios comunes. La ley no solo busca sancionar a quien ya haya cometido el fraude, sino también establecer estándares mínimos de trazabilidad, autenticación y verificación de contenido, en línea con lo que hoy exige la industria tecnológica. Herramientas como la verificación de identidad móvil, el bloqueo de tráfico fraudulento en tiempo real y la detección de anomalías basada en IA se vuelven cada vez más necesarias para cumplir con estas obligaciones y, sobre todo, para proteger a las personas en un entorno donde la frontera entre lo real y lo sintético es cada vez más difícil de distinguir.