Por primera vez, el país define de manera formal qué instituciones son tan esenciales para la vida diaria que un ataque informático podría paralizar servicios básicos, afectar la seguridad pública o incluso comprometer la continuidad operacional de sectores completos.

Y aunque la noticia parece técnica, en realidad toca aspectos muy cotidianos: desde cómo se mueve un bus o un avión, hasta cómo se procesa el agua que llega a las casas, cómo se distribuye combustible o cómo funcionan los sistemas que permiten pagar impuestos, emitir certificados o gestionar prestaciones sociales.

La ANCI publicó una nómina preliminar de 372 entidades, y lo interesante es la diversidad: empresas de transporte terrestre, aéreo y marítimo; operadores de infraestructura ferroviaria; compañías de distribución de combustibles; sanitarias; prestadores de seguridad social; servicios postales; productores farmacéuticos; e incluso plataformas digitales que soportan procesos clínicos como RIS/PACS -sistemas que almacenan y transmiten imágenes médicas-.

La lógica detrás de esta clasificación es simple: si un ataque tumba uno de estos servicios, el impacto no se queda en la pantalla del computador, sino que se traslada directamente a la vida real. Un corte en una plataforma de imágenes médicas, por ejemplo, puede retrasar diagnósticos; una falla en un sistema de transporte puede dejar varados a miles de personas; un ataque a una empresa de combustibles puede afectar la logística de autos, camiones y transporte público.

Durante la consulta pública, que recibió 439 comentarios, surgieron tensiones que revelan el desafío del proceso. Algunos sectores cuestionaron su inclusión, argumentando que no dependen exclusivamente de sistemas informáticos para operar. Otros pidieron incorporar entidades que no estaban en la lista preliminar, como plantas de revisión técnica o proveedores digitales sin alternativas de respaldo.

También hubo observaciones sobre los plazos y obligaciones que deberán cumplir los OIV: designar un delegado de ciberseguridad, implementar sistemas de gestión de seguridad de la información, asegurar continuidad operacional y capacitar de forma permanente a su personal. Todo esto bajo un régimen sancionatorio que puede llegar a 40.000 UTM -más de 2,7 millones de euros-, una cifra que deja claro que el Estado quiere que este tema se tome en serio.

El trasfondo es evidente: Chile está entrando en una etapa donde la ciberseguridad deja de ser un asunto de ‘computadores y celulares’ para convertirse en un componente estructural de la infraestructura nacional. En sectores como transporte y movilidad -cada vez más digitalizados, con autos conectados, sistemas de gestión de flotas y sensores en tiempo real, por no hablar de las infraestructuras de recarga-, la frontera entre lo físico y lo digital es prácticamente inexistente. Un ataque ya no solo bloquea un sistema: puede detener un servicio completo.

En aproximadamente un mes se conocerá la nómina definitiva. Será el primer mapa oficial de los servicios que Chile considera vitales para su funcionamiento.