Chile ha decidido incrementar el ritmo en su transición hacia la movilidad eléctrica. Es lo que se deduce de la actualización de la Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030, presentada por el Ministerio de Energía, que redefine los objetivos del país y establece una meta intermedia: que el 20 % de las ventas de vehículos livianos y medianos sean eléctricos o de cero emisiones para 2030, antes de alcanzar el 100 % en 2035 -lo cual es una meta muy ambiciosa, porque hablamos de menos de diez años-. Esta hoja de ruta, que amplía la política iniciada en 2017, busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y avanzar en la descarbonización del transporte, uno de los sectores más emisores del país.

El desafío es de los grandes. La estrategia reconoce que la infraestructura de carga sigue siendo el principal cuello de botella para la adopción masiva de autos eléctricos. Por eso, se contempla un plan nacional para expandir puntos de carga en viviendas, ciudades y corredores viales estratégicos, con especial atención en las regiones extremas y zonas rurales. La idea es que la electromovilidad deje de ser algo muy centrado en entornos urbanos y se convierta en una opción real para todo el territorio. En paralelo, se impulsarán incentivos y proyectos piloto para el transporte de carga, tanto urbano como interurbano, donde los camiones eléctricos comienzan a ganar terreno gracias a su menor costo operativo y a la reducción de ruido y emisiones.

La actualización también mira, incluso, hacia el agua. Por primera vez, la estrategia incorpora el transporte marítimo, fluvial y lacustre, promoviendo soluciones eléctricas para rutas cortas y aplicaciones específicas, como ferris o embarcaciones turísticas -ya hablamos sobre este asunto recientemente-. Este enfoque conecta con la visión de una electromovilidad integral, donde la energía limpia se extiende más allá de las calles y carreteras. En el mismo sentido, se incluye un eje de economía circular que aborda la segunda vida de las baterías -su reutilización como sistemas de almacenamiento energético- y la creación de nuevos mercados asociados a su gestión y reciclaje.

Otro punto clave es la gobernanza. La estrategia establece mecanismos de coordinación entre organismos públicos, empresas y centros de investigación, con el fin de garantizar que las medidas se implementen de forma coherente y medible. En este marco, se prevé la participación activa de los municipios, que podrán desarrollar planes locales de movilidad eléctrica y acceder a fondos de apoyo técnico y financiero.

Con esta actualización, Chile quiere convertirse en líder regional en electromovilidad y se posiciona como laboratorio de innovación energética. La meta de que uno de cada cinco vehículos vendidos en el país sea de cero emisiones antes de finalizar la década, aparte de lo que supone a nivel tecnológico, implica también que la sociedad cambie hábitos, que se actualicen las infraestructura y, dicho sea de paso, los modelos de negocio.