La cuenta atrás para la aplicación efectiva de la Ley 21.719 -es decir, la nueva Ley de Protección de Datos Personales- ya se siente en el ambiente empresarial de Chile. Aunque su entrada en vigencia plena será en diciembre de 2026, el impacto no espera a que llegue ese momento: las compañías están revisando procesos, ajustando sistemas y tratando de entender qué significa operar en un país donde el tratamiento de datos tendrá estándares similares a los de la Unión Europea. Y es que la situación es clara: por primera vez, Chile contará con una autoridad dedicada exclusivamente a fiscalizar, sancionar y exigir buenas prácticas, algo que cambia por completo la forma en que se manejan datos de clientes, usuarios y trabajadores.

La mencionada ley redefine qué se entiende por dato personal, ampliando el concepto para incluir información que antes se consideraba inocua, como identificadores técnicos, datos de geolocalización o patrones de comportamiento digital. En un país donde casi cualquier servicio -desde un banco hasta una app de delivery- funciona sobre la base de perfiles, historiales y trazabilidad, esto obliga a repensar cómo se recopila, almacena y elimina información. Y no solo se trata de proteger bases de datos: también se regula el uso de algoritmos, la toma de decisiones automatizadas y la obligación de explicar -no de cualquier forma, sino con lenguaje claro- por qué un sistema rechaza un crédito, ajusta una tarifa o determina un nivel de riesgo.

Uno de los cambios más sensibles es la exigencia de consentimiento explícito y verificable. Ya no bastará con un ‘acepto’ a veces escondido en un formulario; las empresas deberán demostrar que el usuario entendió qué datos entrega y para qué se usarán. Esto implica rediseñar flujos completos, desde la inscripción en un servicio hasta la forma en que se gestionan solicitudes de eliminación o portabilidad. Y aquí aparece un punto crítico: la ley obliga a responder estas solicitudes en plazos estrictos, lo que exige sistemas más ordenados y trazables. No es raro que muchas compañías estén invirtiendo en automatización y en herramientas de gestión documental para no quedar atrás.

El sector de la automoción y movilidad es uno de los que más sentirá el cambio. Los autos modernos generan telemetría constante -velocidad, frenadas, ubicación, hábitos de conducción- y esa información pasa por fabricantes, concesionarios, aseguradoras y talleres. La nueva ley obliga a definir quién es responsable de cada dato, cómo se protege y qué se hace cuando un cliente pide que se elimine su historial. Incluso los sistemas de diagnóstico remoto, que funcionan a través de conectividad celular, deberán incorporar medidas de seguridad reforzadas para evitar filtraciones o accesos indebidos.

A esto se suma la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, que tendrá facultades para fiscalizar, ordenar auditorías y aplicar multas que pueden superar los miles de UF. Para muchas empresas, el riesgo reputacional será incluso mayor que el económico: una filtración o un mal manejo de datos puede destruir la confianza del público en cuestión de horas.

La conclusión, por tanto resulta más que evidente y hace referencia a un cambio profundo, no se queda en el mero trámite. Las empresas que comiencen ahora -mapeando datos, revisando contratos, capacitando equipos y, ya de paso, fortaleciendo su ciberseguridad- llegarán preparadas a finales del 2026. Las que esperen al último minuto descubrirán que adaptarse no es solo cumplir una norma, sino reconstruir la forma en que entienden y gestionan la información en un país que comienza a tomarse muy en serio la protección de los datos personales.