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La UE quiere que los vendedores te digan si un producto podrá recibir actualizaciones -y durar mucho más tiempo-

La Comisión ha propuesto que se actualicen las normas que ayudan a que los consumidores sepan cuánto tiempo está previsto que dure un producto y, en su caso, cómo puede repararse o si su software va a poder actualizarse.

Foto: Gerlat, en pixabay

Adquirir cualquier producto, sobre todo si es tecnológico, resulta una tarea complicada, no ya solo por el desembolso económico que supone, sino porque, en muchas ocasiones, existe una gran variedad de oferta entre la que elegir, con características similares.

Por eso, los fabricantes suelen recurrir a eslóganes o argumentos de marketing llamativos, sobre todo desde el punto de vista medioambiental… al tiempo que no cuentan todo lo necesario sobre ciertas características del producto que, tal vez, echasen a algún comprador para atrás.

Sobre esto último, por ejemplo, habida cuenta de que hablamos cada vez más de productos conectados, es habitual que los fabricantes lancen bienes de consumo tecnológicos que padecen de obsolescencia programada, es decir, que llegado un determinado momento van a quedarse anticuados por una simple cuestión de programación o software del producto.

Es algo que ocurre, por ejemplo, con los móviles o los ordenadores, que a partir de una determinada edad ya no pueden recibir actualizaciones, con la consiguiente merma de sus prestaciones y, también, con el incremento de vulnerabilidades y riesgos de ciberseguridad para el dispositivo y su usuario, ya que dichas actualizaciones suelen incluir parches para mejorar esos aspectos. Y lo mismo podría empezar a suceder con los coches conectados.

Lo que se quiere hacer desde los organismos europeos es una ‘actualización’… pero de la Directiva sobre los derechos de los consumidores con el fin de obligar a los comerciantes a facilitar a los consumidores información sobre la durabilidad y la reparabilidad de los productos. ¿De qué forma?

Por ejemplo, respecto a la duración, el consumidor debe estar informado de la durabilidad, por ley, de los productos. De esta forma, si quien produce un bien de consumo ofrece una garantía comercial de durabilidad que se extienda más allá de los dos años, el vendedor tendrá que comunicárselo al consumidor. Si se trata de un algún producto que utiliza energía, el vendedor deberá hacer saber a su cliente si los productores no facilitan ninguna información sobre la garantía comercial de durabilidad.

Y luego está el tema de las reparaciones y, lo más interesante, las actualizaciones. Por ejemplo, el vendedor tiene que facilitar lo que se llama ‘índice de reparabilidad’, que es una nota que va del cero a diez -siendo el diez la mejor nota- y que tiene en cuenta aspectos como si el producto es sencillo de desmontar, si incluye documentación relacionada con su reparación y el grado de detalle, si hay buena disponibilidad de piezas de repuesto y su precio está en consonancia con el del producto…

En cuanto a las actualizaciones, en el caso de los dispositivos inteligentes y los contenidos y servicios digitales, también se debe informar al consumidor sobre las actualizaciones de software facilitadas por el productor. Por lo tanto, siendo un automóvil moderno un ejemplo de producto electrónico, como consumidor se debería exigir que el concesionario ponga a disposición de los clientes interesados este tipo de información.

Alrededor de la mitad de las personas interrogadas afirmaron estar dispuestas a pagar más por un producto que durara más tiempo sin necesidad de reparaciones.

Consulta realizada por la Comisión Europea a más de 12.000 consumidores

Es algo que, además, está en línea con el reto que los fabricantes de vehículos van a tener que cumplir con la aplicación práctica de la normativa UNECE/R155, que obliga a que los modelos nuevos que se homologuen en la Unión Europea -entre otras regiones- desde julio de 2022 y todos los que se vendan a partir de julio de 2024 sean ciberseguros.

Un papel importante para lograrlo será que el coche, furgoneta, camión, autobús… van a recibir continuas actualizaciones de software para contribuir a que se mantenga su ciberseguridad al día. Y algo que tienen que certificar empresas como EUROCYBCAR, que ya cuenta con un test que mide el nivel de ciberseguridad de un vehículo, efectuado de acuerdo a la metodología ESTP.

La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, ha declarado: “Apoyamos a los consumidores que quieren, cada vez más, elegir productos que duren más tiempo y que puedan repararse. Debemos velar porque su compromiso no se vea entrabado por información engañosa. Con esta propuesta les dotamos de nuevas y sólidas herramientas que les permitirán tomar decisiones informadas e incrementarán la sostenibilidad de los productos y de nuestra economía”.

El hecho de que un producto sea sencillo de reparar o que ofrezca actualizaciones durante un largo tiempo no obedece solo a un criterio económico -que no haya que cambiarlo muy a menudo por otro más moderno, con el consiguiente desembolso y también el aumento de productos tecnológicos que acaban en la basura-, sino también a un tema medioambiental.

Y es que, como ha declarado el comisario de Justicia, Didier Reynders, “si no empezamos a consumir de manera más sostenible, no podremos alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, es así de sencillo”.

Que no te engañen con lo que es ‘verde’

Lo hemos visto también en multitud de anuncios y páginas de publicidad, donde las marcas -incluyendo las de coches- suelen hablar de términos como ‘compromiso medioambiental’, ‘marca verde’, ‘el modelo más ecológico’… Pues bien, ahora, para utilizar este tipo de reclamos -en el que, por cierto, confían muchos consumidores-, se amplía la lista de características del producto sobre las que un comerciante no puede engañar a los consumidores con el fin de incluir el impacto medioambiental o social, la durabilidad y la reparabilidad.

Por oto lado, no se van a poder utilizar prácticas engañosas que tienden a ‘blanquear’ la imagen ecológica de un fabricante haciendo declaraciones sobre los grandes objetivos a futuro y comportamientos medioambientales que llevan a cabo… si esos compromisos no son claros, objetivos y verificables, y sin un sistema de supervisión independiente. Es decir, ya no va a ser suficiente con poner una pegatina en un producto que diga “respetuoso con el medioambiente”, “100% reciclable” o “amigo del planeta” si no está respaldada de alguna manera por un estudio o análisis de una entidad ajena al fabricante.

Como ha declarado Didier Reynders “para ser los verdaderos agentes de la transición ecológica, los consumidores deben tener derecho a estar informados para tomar decisiones sostenibles. También deben estar protegidos contra las prácticas comerciales desleales que abusan de su interés por comprar de manera ecológica”.

Finalmente, en la mano de los productores y los vendedores estará elegir la manera más adecuada de comunicar esa información a los consumidores, que puede ser en el embalaje o en la descripción del producto en su web. En cualquier caso, debe proporcionarse antes de la compra y de forma clara y comprensible.

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