Movilidad

La movilidad eléctrica avanza en España, pero falla algo: ¿qué pasa con los puntos de carga?

El aumento de la presencia de los vehículos eléctricos en nuestro país no está siendo el esperado. Y una de las principales causas es la falta de infraestructuras donde cargarlos, para que el usuario se anime a apostar por esta nueva forma de movilidad.

No es un móvil o un ordenador, pero también se puede quedar sin batería… y en el peor momento. Nos referimos a los vehículos eléctricos, cuyo éxito se está viendo condicionado por la no existencia de una red de puntos de recarga de acceso público suficientemente numerosa.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima -PNIEC-, un proyecto del Gobierno que trabaja en base a la transición ecológica, ha tomado como principal objetivo la reducción de gases de efecto invernadero. Para ello, plantea grandes medidas como la integración de cinco millones de vehículos eléctricos circulando en España de cara al año 2030. Una cifra inalcanzable si el entorno no acompaña.

Y es que España comienza a quedarse atrás en la instalación y puesta en marcha de puntos de carga para vehículos eléctricos. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones –ANFAC– puso en 2021 los datos sobre la mesa.

En su informe titulado “Mapa de Infraestructuras de Recarga de Acceso Publico en España“, ya se evidenciaba que nuestro país cuenta con una infraestructura insuficiente y mal distribuida a lo largo del territorio nacional. Y sumaban más inconvenientes, como su escasa potencia, que impide que la carga sea más rápida.

Hay que hacer los deberes -y pronto-

El resultado ha sido una brecha cada vez mayor en comparación con los avances de instalación de puntos de carga del resto de países europeos. La patronal de fabricantes de coches, ha determinado en el barómetro de electromovilidad, partiendo de los datos del primer semestre del año 2022, un aumento de puntos de carga del 10%. Lo que supone una cifra insuficiente para alcanzar los objetivos del PNIEC de 45.000 puntos en total.

Pues bien, parece que algo falla. En el segundo semestre de 2022, una nota de prensa publicada por ANFAC afirma que España finalmente se queda en un total de 14,2 puntos de carga sobre 100. Esto le ha llevado a situarse en penúltimo puesto del ránking por encima tan solo de Hungría y República Checa -y, claro, por detrás del resto-.

“En el tercer trimestre -de 2022- ya podemos concluir que no se va a cumplir ni con el objetivo mínimo de mercado de turismos electrificados ni de infraestructura de recarga para este año. Es un claro aviso de la urgencia de implantar medidas de carácter fiscal, mejoras de los planes de ayuda y acelerar los trabajos para la instalación de puntos de recarga que necesita nuestro país, tal y como lleva solicitando desde hace meses, sin encontrar respuesta por parte del Ejecutivo”, destacó José López-Tafall, director general de la ANFAC -la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones-.

Por tanto, para no quedarse con los brazos cruzados y recuperar el terreno perdido, se van a tratar de implementar una serie de medidas con el fin de poder aumentar la red. Desde la asociación se han determinado 16 de carácter institucional, eliminación de medidas regulatorias, impulso económico y liberación y protección de consumidores.

Cambiar… o agilizar

Los problemas que pueden explicar este lento avance en la expansión de los puntos de recarga, están vinculados con los trámites y la instalación.

Y es que estas infraestructuras dependen de los permisos y licencias concedidas por la Dirección General de Carreteras e incluso por la autorización y criterios de cada ayuntamiento y Comunidad Autónoma. Y no parece que estén siendo ágiles.

Y es que a pesar de que en marzo 2022, se estableció el Real Decreto que “exige una infraestructura mínima en las edificaciones para la recarga de vehículos eléctricos”. Lo que, en teoría, implicaba que todos los edificios públicos no residenciales con más de 20 plazas de aparcamiento, debían instalar, como mínimo, un cargador para vehículos eléctricos por cada 20 plazas.

Sin embargo, Arturo Pérez de Lucia, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica -AEDIVE-, ha explicado que “hay casos en los que esta declaración no tiene cabida y otros en los que alguna administración pública no la aplica”, por lo que no parece haber sido suficiente.

Por tanto, con España situada en los puestos más bajos del ranking y con una gestión de permisos muy lento, ¿se debería cambiar la regulación para agilizar las licencias necesarias? “En parte es preciso cambiar regulación y en otros es fruto de la voluntad de los técnicos de la administración pública competente a la hora de agilizar el trámite” ha considerado el director general de AEDIVE.

La movilidad eléctrica está cada vez más presente en las carreteras, por eso las medidas deben ser urgentes. Desde la asociación, Pérez de Lucía ha afirmado “seguir trabajando con el gobierno para desbloquear las barreras que siguen causando retrasos”, y poder contar con un mayor número de puntos de carga eléctrica en España.

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